12
JAN
2016

Cumplir y hacer cumplir la ley universitaria exige que el diálogo y la concertación remplacen a la violencia y la judicialización del proceso

La Ley Universitaria no es perfecta; pero sí es perfectible, y su implementación, que es compleja y delicada, está a cargo del Poder Ejecutivo, bajo la autoridad y responsabilidad política del Ministro de Educación. Pero dicho proceso, iniciado hace año y medio, confronta actualmente crecientes dificultades y controversias, que han degenerado en actos de violencia y en la multiplicación de demandas ante el Poder Judicial, de todas las partes y en diversas regiones del país.
El problema es grave y urgente, trasciende al Sector Educación y afecta a un conjunto de universidades públicas, no solamente en su gestión interna (en la que son constitucionalmente autónomas), sino también en sus relaciones (que norma la ley) con el contexto social y económico del país, en el que se inscriben y al que se supone deben servir. Es de interés nacional impedir que esas fogatas, impulsadas por los medios, las movilizaciones y hasta las campañas electorales, se extiendan a las próximas etapas y ámbitos de la reforma de las universidades públicas y, más tarde, también a las universidades privadas.
Las causas no son solamente los defectos de la Ley Universitaria; lo son también una lenta y defectuosa implementación, en la que los responsables han incurrido en decisiones, acciones y omisiones contraproducentes.
Hay varios ejes de intervención que deben ser utilizados de inmediato, todos ellos a partir del diálogo y la concertación entre las partes:
El Colegio de Abogados de Lima, ha formulado un pedido de aclaración al Tribunal Constitucional.
La Constitución otorga al Ejecutivo facultades de reglamentación, y de gestión de conflictos; incluso, si la situación afecta la ejecución de los presupuestos y la economía nacional, puede expedir Decretos de Urgencia (que tienen fuerza de ley) con disposiciones temporales y de emergencia.
La Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, obliga al Ministerio de Educación a supervisar y fiscalizar a la SUNEDU, Organismo Público Técnico Especializado, que en su funcionamiento inicial es hasta ahora más parte del problema que de la solución.
Algunas autoridades universitarias han renunciado a sus mandatos vigentes, y sus universidades, en aplicación de su Estatuto, han asignado los cargos en forma interina.
Los estudiantes y sus familias se han movilizado; pero han declarado que esperan se eliminen las discordias y los desentendimientos.
La conducción de la reforma universitaria requiere inteligencia y liderazgo, competencias cuya producción es, justamente, una especialidad y responsabilidad de la Universidad Peruana.