08
JUL
2016

El 6 de julio es el día del maestro peruano. Más de conmemoración que de celebración, pues estamos en deuda con el magisterio

El Presidente Odria instituyó el “Día del Maestro Peruano”, por Decreto Supremo de fecha 4 de mayo de 1953. Dos antecedentes importantes:
1.- San Martín crea la Escuela Normal, por decreto de fecha 6 de julio de 1821. Basadre dice: “Junto con bandera e himno, ejército y marina, organización administrativa y judicial, el gobierno de San Martín le dio al Perú la escuela normal “
2.- Castilla promulga el 28 de febrero de 1861, la ley que instituye el profesorado como carrera pública, bajo dos considerandos:
“1.- Que la enseñanza es la profesión creadora de todas las demás que existen en la sociedad;
2.- Que, por consiguiente, los que se dedican a ella deben gozar de todos los derechos y prerrogativas que las leyes acuerdan a las carreras públicas más ilustres;”
155 años después de su creación, la “Carrera Magisterial”, la más antigua y más numerosa de las carreras públicas civiles, no es la más atractiva de ellas. El maestro es el profesional peor remunerado de los servidores públicos civiles, militares y policiales; la remuneración básica de un maestro en el nivel inicial de su carrera no alcanza a dos salarios mínimos, y alrededor de un tercio del Magisterio desempeña trabajos adicionales a fin de mejorar el sustento de sus familias.
El Magisterio Nacional tiene derechos fundamentales de los cuales no disfruta plenamente; he aquí algunos ejemplos:
1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró en 1948 el derecho de sindicalización, y el SUTEP se funda el 6 de julio de 1972, en ejercicio de ese derecho. Sin embargo, no se ha implementado el derecho a negociación colectiva, como lo dispone la Constitución y lo ratifica y exige una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional
2.- La Ley 25231, publicada el 7 de junio de 1990, crea el “Colegio de Profesores del Perú”, el colegiado más grande del país; debería respetarse sus derechos constitucionales de iniciativa legislativa y de certificación profesional.
3.- La Constitución, respecto al profesorado: “El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes”, y eso se cumple sólo parcialmente.
4.- El Acuerdo Nacional, suscribe el 22 de julio del 2002.
“Con ese objetivo el Estado: … (c) promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial, mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello;”. El Magisterio sigue esperando ese Pacto.
5.- La Ley 28044, Ley General de Educación, publicada el 29 de julio del 2003, dispone, respecto al Magisterio: “La evaluación se realiza descentralizadamente y con participación de la comunidad educativa y la institución gremial”. Se observa una recentralización de esos procesos.
6.- La Resolución Suprema 001-2007-ED, aprueba el Proyecto Educativo Nacional en cuyo Objetivo Estratégico 3 ofrece un Sistema Integral de Formación Docente asociado a la evaluación del desempeño profesional y a los ascensos y las remuneraciones. Ese Sistema sigue pendiente.
7.- Se ha modificado varias veces las leyes del profesorado y de la cerrera magisterial; sin embargo, por varias décadas no se realizaron concursos públicos de nombramiento, ni concursos internos de ascenso, recurriendo, en forma creciente a contratos temporales. Además, abundan los reclamos del Magisterio por derechos y beneficios adeudados, por devengados y por intereses; por miles de ellos el Ministerio afronta demandas en la vía judicial.
Una política magisterial de calidad, debe basarse en atraer, desarrollar y retener a los mejores. Mientras eso no se logre, el Perú seguirá en deuda con sus Maestros. A todos ellos, activos, cesantes, jubilados, despedidos y desocupados, les envío mi fraterno saludo en su día.