Date:July 07, 2017

Día del Maestro Peruano. Mucho que conmemorar y poco que celebrar

El Presidente Manuel A. Odría instituyó el “Día del Maestro Peruano”, por Decreto Supremo de fecha 4 de mayo de 1953.
Antecedentes importantes:
1.- José de San Martín crea la Escuela Normal, por decreto de fecha 6 de julio de 1822. Basadre dice al respecto:
“Junto con bandera e himno, ejército y marina, organización administrativa y judicial, el gobierno de San Martín le dio al Perú la escuela normal “
2.- El Presidente Ramón Castilla promulga el 28 de febrero de 1861, la ley que instituye el profesorado como carrera pública, bajo dos considerandos: “1.- Que la enseñanza es la profesión creadora de todas las demás que existen en la sociedad;
2.- Que, por consiguiente, los que se dedican a ella deben gozar de todos los derechos y prerrogativas que las leyes acuerdan a las carreras públicas más ilustres;”
156 años después de su creación, la “Carrera Magisterial”, la más antigua y más numerosa de las carreras públicas civiles, no es la más atractiva de ellas. El maestro es el profesional peor remunerado de los servidores públicos civiles, militares y policiales; la remuneración básica de un maestro en el nivel inicial de su carrera no alcanza a dos salarios mínimos, y alrededor de un tercio del Magisterio desempeña trabajos adicionales a fin de mejorar el sustento de sus familias.
El Magisterio Nacional tiene derechos fundamentales de los cuales no disfruta plenamente; he aquí algunos ejemplos:
1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en 1948 el derecho de sindicalización, y el SUTEP se funda el 6 de julio de 1972, en ejercicio de ese derecho. Sin embargo, no se ha implementado el derecho a negociación colectiva de las remuneraciones y condiciones laborales de los docentes, como lo dispone la Constitución y lo ratifica y exige al Congreso una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional
2.- La Ley 25231, publicada el 7 de junio de 1990, crea el “Colegio de Profesores del Perú”, el colegiado más grande del país; pero no se respeta sus derechos constitucionales de iniciativa legislativa y de certificación profesional.
3.- La actual Constitución de 1993 establece: “El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes”, y eso se cumple sólo parcialmente. Además, excluye lo dispuesto por la Constitución de 1979, en su artículo 41°: “El Estado procura la profesionalización de los maestros. Les asegura una remuneración justa, acorde con su elevada misión”.
4.- El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, incluye entre las Políticas de Estado: “Con ese objetivo el Estado: … (c) promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial, mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello;”. El Magisterio sigue esperando ese Pacto Social.
5.- La Ley 28044, Ley General de Educación, publicada el 29 de julio del 2003, ley de desarrollo constitucional, dispone, respecto al Magisterio: “La evaluación se realiza descentralizadamente y con participación de la comunidad educativa y la institución gremial”. Se observa limitaciones y la recentralización de esos procesos.
6.- La Resolución Suprema 001-2007-ED aprueba el Proyecto Educativo Nacional en cuyo Objetivo Estratégico 3 ofrece un “Sistema Integral de Formación Docente Inicial y Continua” y “Vincular los ascensos y las remuneraciones al desempeño profesional y a las condiciones de trabajo”. Esos sistemas siguen inconclusos.
Se ha modificado varias veces las leyes del profesorado y de la cerrera magisterial; sin embargo, por varias décadas no hubo concursos públicos de nombramiento, ni concursos internos de ascenso, recurriendo, en forma creciente, a contratos temporales. Además, abundan los reclamos del Magisterio por derechos y beneficios adeudados y por devengados e intereses; por miles de ellos el Ministerio de Educación afronta demandas en la vía judicial.
A lo largo de la historia el Magisterio Peruano ha logrado las principales reivindicaciones, conquistas y mejoras de su situación económica y social recurriendo a manifestaciones, paros y huelgas. Eso y las respuestas tardías e insuficientes de los sucesivos gobiernos han perjudicado a las Escuelas Públicas y, en general, han incrementado la conflictividad y la ingobernabilidad del Sistema Nacional de la Educación Peruana.
La OIT y la UNESCO aprobaron en 1966 un Recomendación Conjunta relativa a la situación del personal docente en el mundo, y un Comité de Expertos prepara informes periódicos sobre su cumplimiento:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126086so.pdf
De acuerdo con estándares internacionales, una política magisterial de calidad, debe basarse en “atraer a los mejores, desarrollar sus capacidades y retener a los más eficientes”. Mientras eso no se logre, todos los peruanos seguirán en deuda con sus Maestros.
A todos los docentes del Perú, activos, cesantes, jubilados, despedidos y desocupados, les envío mi fraterno saludo en nuestro día.