La Sunedu en tiempos de cólera

Por: Teresa Tovar Samanez
Publicado originalmente en Diario Uno

La Presidenta de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) fue cesada por acciones de plagio en su trayectoria académica. Fue el desenlace de un juego de poderes, donde su nombramiento habría obedecido a presiones de PPK, quien querría favorecer los intereses de Acuña para asegurar el voto de APP contra la vacancia.

La fragilidad de la institucionalidad democrática se hace evidente. De un tiempo a esta parte la lucha por una educación transformadora debe enfrentar intereses retardatarios que quieren preservar privilegios y prebendas en la educación superior; intereses políticos mafiosos e intereses de grupos diversos que ansían capturar cuotas de poder.

A estas alturas de la reforma universitaria, ya nadie duda de la necesidad de regular la calidad para evitar la estafa. Lo que está en discusión hoy es la consistencia de la institucionalidad reguladora. Lucrar con la educación superior fue posible durante más de una década y se le puso punto final. En el 2017 se cerraron 79 programas de una lista de 14 universidades (13 de ellas privadas). Hoy todas las universidades han presentado ya su solicitud de licenciamiento ante la Sunedu.

El incidente del nombramiento y cese de la Presidenta de Sunedu trasluce un problema de fondo: no sólo el tema ético, sino el de una institucionalidad que requiere mayores niveles de autonomía.

No se trata de la “autonomía” que esgrimió la Asociación Nacional de Rectores para defender mafias enquistadas en la universidad. Se trata de la autonomía de instituciones transparentes, ajenas a toda interferencia de intereses espurios y puertas giratorias. A más consistencia de los organismos autónomos, mayor es la legitimidad y eficacia de las políticas nacionales. Hay investigaciones que muestran que los organismos con grados de autonomía enfrentan obstáculos para posicionarse porque su accionar no es funcional a regímenes subordinados a la lógica del mercado y a los centros de poder. La gobernabilidad implica contrapesos. Al lado del Ministerio de Educación entidades como el Consejo Nacional de Educación, la Sunedu, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, etc. deben fortalecer su ejercicio independiente. Su debilitamiento o cooptación significa por el contrario una seria alerta, no sólo para la educación sino para la salud de nuestra democracia.

Pero además se requiere legitimidad. La Sunedu debe generar confianza y establecer vínculos con los docentes universitarios y principalmente con los estudiantes, sus beneficiarios centrales. Las reformas tecnocráticas tienen como límite el carecer de este vínculo y por ello son altamente vulnerables.