Restablecimiento de la igualdad de género en la política del Estado

Por Manuel Iguíñiz

Publicado originalmente en Revista Tarea

La decisión de eliminar el concepto de género de toda política del gobierno obedece a demandas conservadoras y religiosas fundamentalistas. Un caso revelador de ello es el Decreto Supremo del 13 de mayo último, denominado nada menos que “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”,[1] suscrito por el presidente de la República y los ministros de Educación y de la Mujer.

Se ha producido, como veremos, una positiva marcha atrás en esa decisión gubernamental y optado por priorizar las políticas públicas por la igualdad de género. En las líneas que siguen recordamos hechos importantes al respecto, con el objetivo de contribuir a sostener y profundizar lo recuperado.

Concepto de género vaciado de significado cultural y social

En agosto del 2017 se vinculó el enfoque de género y la educación escolar en la Resolución de la Primera Sala de la Corte Superior de Lima que eliminaba del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) el párrafo que indicaba:

“Si bien lo femenino y masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones”.[2]

Se trataba del pedido de restringir lo femenino y masculino a lo biológico, así convertidos en realidades inmutables a los cambios en la historia, la socialización y la cultura contemporáneas. El efecto buscado por el fundamentalismo religioso se cumplió: el actual gobierno fue más allá al proscribir el concepto mismo de la política pública, recordándonos que, ante la polisemia de algunos conceptos, es el poder el que define su significado. Significado clave para enfrentar mejor la superación de la cultura patriarcal y machista, de invisibilización de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LBGTI). El significado de la categoría género es bien planteado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA)[3]

[…] la discriminación y la violencia contra las mujeres constituyen violaciones a los derechos humanos, por lo tanto, no resultan admisibles las justificaciones basadas en creencias o valores religiosos o culturales. De igual forma, se explica que el género es una categoría analítica proveniente de las ciencias sociales y un instrumento metodológico para examinar y revelar las relaciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres y los impactos concretos en las vidas de ambos.

La cultura patriarcal

El ministro de Educación se comprometió ante el Congreso Nacional a consultar los textos escolares y materiales de trabajo a los congresistas, así como a diversas entidades y personas. Se pusieron en conocimiento de los asistentes a las mesas de consulta los textos ya entregados a los colegios de Jornada Escolar Completa años atrás.

Eran textos abierta y toscamente contrarios al perfil del egresado del CNEB de “vivir la sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables”. Textos hostiles adversos a la diversidad sexual y de género y a la comunidad LGTBI y que, además, proponen una visión abiertamente sesgada del conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000. La crítica al tratamiento de sexo y género iniciada por el Colectivo Educación e Igualdad, respaldado por la Plataforma por la Educación, trascendió a través de Ojo Público en los medios de comunicación, avergonzando no solo al Ministerio de Educación (Minedu) sino también al gobierno.

La opresión fundamentalista religiosa es más resistida en sectores de la prensa que otros temas que ponen en jaque a la democracia. Vistas estas críticas, y en virtud de lo indefendible de los textos, se produjeron dos respuestas: una que proponía cambiar ciertas palabras, y otra que planteaba cambiar la decisión política.

Palabras más palabras menos

Respecto de la primera, el Minedu persistió en la política de no pelear por “palabras” en relación con la memoria histórica y el género, buscando una salida minimalista que hiciera posible editar los textos escolares a tiempo. Así, su comunicado del 23 de junio señala:

[…] que identificamos algunos párrafos que pueden mejorar en el tratamiento pedagógico de dos temas: la historia peruana del periodo 1980-2000 y la educación sexual. Por tanto, los párrafos difundidos no constituyen la versión para imprimir, sino aquellos que buscamos mejorar para la próxima impresión.

Decisión política, vuelta del concepto

El 27 de junio, el Minedu y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, recuperando su rol rector como entes de un Estado laico, modificaron la decisión del gobierno en un comunicado en el que afirmaron que respaldaban “la incorporación de la igualdad de género en el Currículo Nacional de la Educación Básica”. Se recuperó así nada menos que la igualdad de género, priorizada por la legislación y la política de gobierno:

La Constitución Política, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Política General de Gobierno al 2021, entre otros instrumentos nacionales e internacionales, priorizan las políticas públicas para la igualdad de género.

No pueden, ni la mayoría congresal ni los fundamentalistas, pretender que el gobierno y el Poder Judicial abdiquen de esta posición de principio ante las amenazas de grupos como “Con mis Hijos no te Metas” al ministro de Educación.

El género y los patrones socioculturales

La Corte Superior del Poder Judicial deberá recoger la sustentación legal y la recuperación del contenido del concepto género que la Sala de Lima decidió que sea retirado del CNEB, pues va en el mismo sentido de lo planteado acertadamente por el ya citado comunicado de los dos ministerios:

Esta visión nos permitirá desterrar patrones socioculturales como el machismo, que han legitimado, a lo largo de la historia, la violencia contra las mujeres y su postergación en distintos ámbitos del desarrollo. Eliminar la desigualdad entre varones y mujeres es nuestra prioridad.

No se trata de un gesto cualquiera, sino de uno necesario y democrático para la deliberación pública entre gobernantes y ciudadanos sobre el mejor cumplimiento de los derechos humanos. Es una reacción ética y política diferente, que busca revertir la pretensión de silenciar el concepto de género y afirmar la defensa de la diversidad sexual y de género, calificadas como antinaturales. Si se acepta la visión fundamentalista, la protección de la violencia se relaja.

Es tarea del ministro asumir la política del Estado en educación. Toca al Poder Judicial desmarcarse de la intolerancia, la violencia y la regresión de los avances en materia de emancipación femenina. En el otro terreno, el del conflicto armado interno, el Ministerio de Educación, tomando en cuenta la comunicación de destacados profesionales vinculados a los temas de educación, historia y memoria[4], debe rechazar el relato fujimorista y convocar a científicos sociales y pedagogos para la elaboración de un discurso formativo.

[1] Iguiñiz, Manuel (2018). Eliminan el concepto de género. Foro Educativo, 28 de mayo.
http://foroeducativo.com/portfolio/eliminan-el-concepto-de-genero/

[2] Iguiñiz, Manuel (2017). Sí a la igualdad de género en educación. Tarea Informa 181, agosto.

[3] Declaración sobre Igualdad de Género: el Empoderamiento de las Mujeres como Bien de la Humanidad. Comité de Expertas expresa preocupación por discursos antiderechos que catalogan el género como una ideología. Washington, junio.

[4] Carta al Presidente del Consejo de Ministros César Villanueva Arévalo.
http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2018/06/29134303/carta-libros-final-21-junio-premier-2.pdf